Lo que está ocurriendo en Perú no es un debate técnico ni una disputa jurídica más. Es un retroceso profundo en el acceso a la justicia y una señal alarmante de cómo el autoritarismo puede abrirse paso a través de leyes que protegen a perpetradores de violaciones de derechos humanos y frenan la acción penal contra presuntos responsables de crímenes de derecho internacional.

