Desde la promulgación en Chile de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2017, Corporación Humanas ha monitoreado su implementación. Este seguimiento ha enfrentado obstáculos para acceder a información sobre objeción de conciencia lo que obligó a solicitar antecedentes directamente a hospitales públicos y recurrir al Consejo para la Transparencia, que acogió un amparo presentado por la organización. Que haya sido necesario acudir a esta instancia para obtener información sobre el cumplimiento de una política pública da cuenta de un problema que va más allá de los datos: la transparencia es una condición básica para fiscalizar el cumplimiento de la Ley IVE. Los antecedentes obtenidos muestran que la objeción de conciencia continúa siendo una barrera significativa para el acceso al aborto en tres causales.
