Una familia con dos menores a su cargo y uno de sus miembros con tratamiento oncológico ha denunciado prácticas de acoso por parte de una empresa de desokupación que intenta expulsarles del inmueble en el que vivían de alquiler después de que lo adquiriera un nuevo propietario.
Según ha comentado a EFE Miguel, padre de esta familia, todo comenzó este 2 de julio, cuando empleados de una empresa de desokupación tocaron por primera vez a la puerta de su casa en Ingenio (Gran Canaria).
Desde entonces, no han parado de hacerlo cada día, con mayor virulencia a medida que pasan las semanas, hasta el punto de hacerles seguimiento cuando salen a la calle, amenazarles de muerte o vejarles e insultarles en público.
“Una de las veces, mi pareja me llamó bastante alterada porque estaba con la niña en casa y esta gente hacía ruido de cortadora, de sierra, o como que estaban cortando algo fuera”, ha explicado la víctima, quien ha comenzado a grabar las situaciones que vive y a publicarlo en redes sociales.
En la última de estas publicaciones, se ve cómo personal de esta empresa trata de romperles la mirilla de la puerta, le quitan el pomo a la puerta y le echan pegamento a la cerradura para dificultar que la llave pueda entrar, al tiempo que reían y grababan igualmente con el móvil.
En estas semanas, le han roto persianas y las lunas del coche, han golpeado insistente y violentamente su puerta, le han seguido mientras paseaba al perro, incluso acompañado de sus hijas, le han amenazado con supuestas denuncias de hechos que no ha cometido, e incluso le han acusado de mentir sobre la enfermedad de su mujer, que está siendo tratada por un cáncer.
En medio de esta situación, y debido al estrés al que le están sometiendo, ahora tiene recetados tranquilizantes para calmar los nervios.
En una de las ocasiones en que salió con ella de la vivienda, uno de los trabajadores de la empresa, que él reconoce como el “segundo de a bordo” de la misma, le dijo a su mujer que se merecía a alguien mejor que un “parásito”, metiéndose también con su físico.
Cansado por el comportamiento de estas personas, Miguel les llegó a proponer un día que le llevaran a juicio y que, mientras se resolvía la situación, les abonaba lo que pudiera (unos 150 euros, tal y como abonaba en su momento de alquiler social a la inmobiliaria de laCaixa con la que arrendó el piso).
Sin embargo, y siempre según su versión, este trabajador le habría respondido que no, porque “no les compensaba”, ya que la vía judicial “se iba más allá en el tiempo”.
Piso que compró un fondo que se olvidó de ellos
Miguel y su familia viven en el piso en el que se encuentran desde 2015. Ese año suscribieron un contrato con Servihabitat, vinculada a laCaixa, por un alquiler asequible que se extendía hasta 2020, con posibilidad de prorrogarlo por más allá.
Según ha indicado este padre de familia, al acercarse las fechas del final del contrato, envió comunicaciones a la inmobiliaria del banco para poder ampliar el contrato más allá de marzo de 2020, pero rechazaron este hecho sin darle mayores explicaciones y, al cumplirse la fecha -en pleno inicio del estado de emergencia por la pandemia de Covid-, pagó por un mes más, hasta abril.
Sin embargo, el banco les llevó a juicio con propuesta de lanzamiento judicial, que se paró en virtud a que se trataba de una familia vulnerable y se estaba en plena situación de emergencia por el coronavirus. Desde entonces, nada más supo de la inmobiliaria Miguel, pese a seguir intentando comunicarse con ella a través de burofax.
En 2024, Servihabitat traspasó la propiedad del piso al fondo Oceanside, que jamás se puso en contacto con ellos para nada, y que el pasado 30 de junio de 2026, vendió al actual propietario el inmueble por un precio por debajo del mercado.
Ha sido este propietario el que ha contratado a esta empresa de desokupación que, ahora, está “haciendo la vida imposible” a esta familia.
“¿Quién demuestra que estamos pagando el alquiler si no tenemos contrato? Si me dijeran de pagar el alquiler, una cantidad acorde a nuestros recursos, lo haría con tal de que estos matones me dejaran de acosar. Ni nos ofrecieron otro contrato, ni nos ofrecieron la venta de la vivienda antes de hacerlo a este nuevo propietario”, ha lamentado Miguel.
Por eso, la única solución que ve ahora mismo es ir a juicio, ya que con una propuesta de lanzamiento judicial, podría acogerse a las ayudas de los servicios sociales de su municipio y encontrar una alternativa habitacional para su familia.
