La Guardia Civil ha destapado una red de empresas ilegales de motos de enduro que operaban en espacios naturales de alto valor ecológico en la isla de Fuerteventura.
Las patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Las Palmas han identificado tanto a los conductores como a los responsables de estos negocios de turismo de motor. Las infracciones administrativas detectadas por los agentes podrían derivar en sanciones económicas de hasta 300.000 euros.
La operación policial se inició tras recibir informaciones sobre la existencia de mercantiles que organizaban y promocionaban rutas en motocicleta por zonas no autorizadas y áreas catalogadas como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC). Estos entornos cuentan con el máximo nivel de protección ambiental en el archipiélago.
Daño en época de reproducción de aves
Los agentes del SEPRONA constataron que las excursiones clandestinas se realizaban en sectores de la isla sometidos a restricciones temporales y cierres preventivos. Estas prohibiciones temporales están dictadas por la administración insular competente con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la supervivencia de las especies de aves durante su periodo de reproducción.
Para corroborar los hechos, la Guardia Civil desplegó dispositivos de vigilancia y seguimiento en los puntos calientes de la isla. Durante las inspecciones, los agentes comprobaron que estas redes captaban a los clientes ofreciendo paquetes turísticos completos que incluían el alojamiento y las rutas guiadas en vehículos a motor por los parajes protegidos.
Sin licencias de turismo activo en Canarias
La investigación penal y administrativa ha demostrado que estas empresas carecían por completo de la documentación obligatoria y de las autorizaciones preceptivas que exige la legislación autonómica para el desarrollo de actividades de ocio y turismo activo en Canarias.
Por un lado, los implicados se enfrentan a actas de denuncia por presuntas infracciones a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (Ley 4/2017). Esta normativa contempla multas que oscilan entre los 600 y los 6.000 euros por transitar y degradar dichos ecosistemas.
Por otro lado, la actividad comercial fraudulenta vulnera de forma directa la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (Ley 7/1995). Las sanciones estipuladas en este marco regulatorio para infracciones de gravedad son significativamente más severas, partiendo desde los 1.500 euros y pudiendo alcanzar un techo de 300.000 euros de penalización para los organizadores de las rutas.
Las denuncias ya han sido remitidas a los órganos de la administración competentes para la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores.
