El Gobierno de Canarias ha dado un paso definitivo para la transformación de la atención a la diversidad en las aulas públicas del archipiélago. El Ejecutivo autonómico ha autorizado la licitación de un contrato plurianual histórico, valorado en 79.818.334,74 euros, que regulará el servicio de auxiliares educativos en Canarias para el periodo comprendido entre 2027 y 2029. Esta medida, impulsada de forma directa por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, está diseñada para blindar el apoyo al alumnado con discapacidad, Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), trastornos graves de conducta (TGC) y condiciones especiales de salud.
La inversión supondrá un desembolso anual superior a los 26 millones de euros. A esta cuantía se añadirán 1,5 millones de euros adicionales para la incorporación de adjuntos de taller, además de las partidas destinadas por la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de la Salud para la contratación de técnicos de educación infantil y personal sanitario cualificado.
Nuevas condiciones para los auxiliares educativos en Canarias
El pliego del nuevo contrato se divide en dos lotes económicos por cada anualidad. El primer bloque cuenta con una dotación total de 35,4 millones de euros (11,8 millones por año), mientras que el segundo lote asciende a 44,4 millones de euros (14,8 millones anuales). El presupuesto fijado para el arranque del servicio en 2027 se situará en 26,6 millones de euros, una cifra que representa un incremento del 104% si se compara con los últimos fondos destinados por el anterior equipo de gobierno.
A nivel laboral y asistencial, una de las grandes novedades radica en el incremento del tiempo de permanencia de los auxiliares educativos en Canarias en sus respectivos centros asignados. La jornada máxima diaria pasa de 5 horas a 6,5 horas, una ampliación que responde a las demandas históricas de los equipos directivos y los familiares.
Asimismo, el servicio cubrirá por primera vez prestaciones esenciales que hasta ahora quedaban desatendidas en este marco contractual, tales como el tiempo del comedor escolar y el soporte especializado en las residencias escolares que dan cobijo a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Cobertura garantizada en todas las islas del archipiélago
La futura empresa adjudicataria de este contrato millonario tendrá la obligación legal de gestionar una bolsa de empleo activa. El objetivo de este mecanismo es garantizar la realización de sustituciones de personal de forma ágil y en un plazo de tiempo estrictamente limitado, evitando que las aulas queden descubiertas ante bajas médicas o contingencias imprevistas.
Del mismo modo, los pliegos exigen que la compañía cuente con la infraestructura de personal suficiente para dar cobertura a toda la geografía canaria. La normativa hace especial hincapié en el blindaje de los servicios en las islas no capitalinas (Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro), donde la falta de especialistas suele generar mayores dificultades de gestión. Además, la empresa deberá certificar la formación continua y específica de sus empleados para el correcto trato de las patologías y conductas del alumnado.
Con esta licitación se pondrá fin a la trayectoria de la entidad ‘Aeromédica Canaria SLU’, firma que venía desarrollando esta actividad bajo una fórmula de continuidad en situación de nulidad contractual desde el mes de marzo del año 2021.
Un crecimiento exponencial en la comunidad educativa de las Islas
El responsable del área educativa en los cabildos, Poli Suárez, ha defendido el alcance de la propuesta asegurando que optimiza de manera drástica las directrices técnicas y los presupuestos del anterior mandato. El consejero aportó cifras de la evolución del servicio: el periodo lectivo 2022/2023 inició su actividad con 940 profesionales en las aulas y concluyó con 998 operarios. En contraste, el presente curso escolar ha arrancado con 1.500 profesionales desde el primer día, alcanzando en la actualidad un volumen de 1.902 trabajadores en activo.
El progreso económico constata este cambio de rumbo institucional. En el año 2023, la partida externa consignada para este fin se limitaba a los 13 millones de euros, mientras que los registros oficiales del presente ejercicio elevan la cantidad hasta los 22 millones de euros, consolidando un respaldo sin precedentes para las familias del archipiélago.
