La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una inversión que impactará de forma directa en las Islas. La gestión de la DGT en Canarias experimentará una transformación técnica de envergadura tras la formalización de un contrato de carácter estatal que supera los 4,1 millones de euros.
Esta dotación presupuestaria se destinará de forma específica a la implantación de medidas especiales de regulación, ordenación y gestión del flujo vehicular, un movimiento administrativo clave que se produce en pleno debate social sobre el colapso crónico que sufren las principales arterias de comunicación de la comunidad autónoma.
Según consta en el documento oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el expediente administrativo ha completado su última fase de tramitación con la firma de la Secretaría General del organismo estatal.
Los fondos asignados tienen como meta prioritaria elevar los índices de seguridad vial y maximizar la capacidad operativa de las infraestructuras de transporte terrestre en zonas estratégicas del territorio nacional, incluyendo de manera explícita a las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas dentro del marco operativo de actuación.
El impacto de la DGT en Canarias y las carreteras afectadas
El despliegue técnico del contrato abarca las redes viarias vinculadas a los principales Centros de Gestión de Tráfico de la península, pero sitúa al Archipiélago como un núcleo de actuación singularizado por provincias.
Aunque el texto técnico del BOE no desglosa la cuantía exacta por isla ni especifica kilómetros concretos, la inclusión formal de los dos territorios insulares habilita legalmente la ejecución de operativas especiales para mitigar la congestión circulatoria que afecta diariamente a miles de conductores.
La empresa que ha resultado adjudicataria de este concurso público es la firma especializada Api Movilidad S.A., con sede central en Madrid, que asumirá la ejecución de las tareas por un importe exacto de 4.128.317,06 euros.
El proceso de licitación pública se resolvió mediante un procedimiento abierto en el que se recibió una única oferta de una pequeña y mediana empresa, cumpliendo con los exigentes baremos técnicos exigidos por el Ministerio del Interior.
Criterios técnicos de la adjudicación en el BOE
Para la formalización de este servicio público de ordenación vial, la mesa de contratación del Estado evaluó de manera pormenorizada diversos factores que condicionarán la actividad en las vías. Entre estos criterios de adjudicación destacan:
- La memoria descriptiva de ejecución y los planes específicos de seguridad vial durante el desarrollo de los trabajos en los arcenes y calzadas.
- La propuesta económica final ponderada según los baremos del sector público.
- Los planes de optimización del servicio técnico y la capacidad de respuesta operativa.
- Las mejoras tecnológicas ofertadas relativas a la ampliación de los recursos de control y la aportación de equipamiento auxiliar de alta tecnología.
¿Qué pasará con los atascos diarios de Tenerife?
La publicación de esta resolución llega en un momento de máxima sensibilidad en las Islas respecto a la movilidad y las retenciones kilométricas diarias. Sin embargo, el texto del Estado se limita a la formalización burocrática del contrato técnico de servicios. El documento oficial no especifica de manera explícita si estas herramientas se aplicarán de forma inmediata en las autopistas del norte y del sur de Tenerife (TF-5 y TF-1) o en la autovía marítima de Gran Canaria (GC-1).
Pese a la falta de concreción de los tramos exactos, la habilitación legal de los fondos abre la puerta a que el organismo de tráfico introduzca sistemas de monitorización, señalización variable o desvíos provisionales coordinados con la Jefatura Provincial.
El proceso administrativo lleva la rúbrica oficial de la secretaria general de la Dirección General de Tráfico, María Lidón Lozano Pérez, dando vía libre al inicio de los trabajos técnicos sobre el asfalto canario de manera inminente.
