La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional aprobó este 2 de junio el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una propuesta que reúne más de 80 iniciativas orientadas a modificar el marco penal ecuatoriano frente al avance de nuevas formas de criminalidad.
El informe recibió siete votos afirmativos y ahora deberá pasar al Pleno de la Asamblea para su discusión.
Según el texto aprobado por la mesa legislativa, la reforma busca “dotar al Ecuador de un marco legal actualizado mediante la creación de nuevos tipos penales y la modernización de los ya existentes”.
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Entre los cambios planteados consta la incorporación de nuevas figuras delictivas vinculadas a grupos subversivos, delincuencia organizada, corrupción, manipulación de apuestas deportivas y delitos cometidos en entornos digitales.
La propuesta también contempla incrementos de penas para delitos como extorsión y abigeato, bajo el argumento de fortalecer la respuesta estatal frente al aumento de hechos violentos y actividades criminales.
De acuerdo con el informe, el objetivo es “salvaguardar a la sociedad frente a nuevas conductas delictivas” y “fortalecer la persecución de delitos en entornos digitales”.
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Además, el proyecto incluye disposiciones relacionadas con la protección de víctimas consideradas vulnerables, entre ellas la despenalización del aborto en casos de violación o inseminación no consentida.
La comisión sostuvo que las reformas responden al actual contexto de seguridad del país, marcado, según señala el informe, por “el incremento de la violencia, la expansión de nuevas formas de criminalidad y el fortalecimiento de estructuras delictivas organizadas”.
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En ese sentido, el documento concluye que la reforma “es necesaria, pertinente y oportuna para el contexto actual del país”.
El texto también argumenta que los cambios permitirían cerrar vacíos normativos existentes y fortalecer las herramientas jurídicas del Estado para “prevenir, investigar, juzgar y sancionar conductas que lesionan bienes jurídicos fundamentales”.
El proyecto contiene 21 artículos y una disposición derogatoria relacionada con la sección novena de los delitos contra el derecho de propiedad.
Con la aprobación del informe para primer debate, la iniciativa pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, donde las distintas bancadas podrán presentar observaciones y propuestas de modificación antes de la elaboración del informe definitivo para segundo debate. (I)
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